*La semana pasada el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo para retirar a las trabajadoras sexuales y detectar a posibles víctimas de trata
Katia Lemus Barajas
La semana pasada, el Gobierno del Estado de Querétaro, en coordinación con el Municipio de Querétaro, implementó un operativo en La Alameda Hidalgo para combatir el trabajo sexual no autorizado y de estos hechos dos mujeres fueron remitidas a los juzgados cívicos, mientras que entre 10 y 12 fueron llevadas a la Dirección de Atención a Víctimas, confirmó Martín Arango García, secretario de Gobierno del municipio de Querétaro.
“Desde el jueves, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, junto con la Policía Estatal, ha mantenido una presencia permanente en la zona para evitar que las trabajadoras sexuales regresen a la zona a laborar”.
Detalló que el operativo se puede abordar de dos maneras: remitiendo a las trabajadoras sexuales a los juzgados municipales por la falta administrativa de ejercer el sexo servicio en un lugar no autorizado o trabajando en coordinación con un grupo institucional interdisciplinario que las invite a retirarse y les ofrezca ayuda para reinsertarse en la vida laboral.
“Este grupo incluye a la Secretaría de Gobierno Municipal, el Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo, la Dirección de Atención a Víctimas del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de la Mujer municipal”.
Durante el operativo, recordó una mujer fue remitida al juzgado cívico y se le impuso una sanción administrativa de nueve horas de arresto, mientras que otra fémina quien intentó reinstalarse en La Alameda Hidalgo también fue remitida a los juzgados cívicos durante el fin de semana.
“La presencia permanente en la Alameda continuará hasta el final de la administración, con el objetivo de mantener la seguridad y ofrecer alternativas a quienes se acerquen a ejercer el trabajo sexual en esta zona. En el momento del operativo, se invitó a retirarse a entre 10 y 12 trabajadoras sexuales, de las cuales dos fueron remitidas al juzgado cívico por negarse a retirarse”.
Enfatizó que el operativo requirió una planificación de aproximadamente un mes y se ejecutó sin previo aviso para asegurar su efectividad. El Gobierno del Estado fue el encargado de liderar esta acción.
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