Debaten costos, tarifas y participación ciudadana en el parlamento abierto para la nueva Ley de Agua
Por Emma Fermin Apolino · 17 de mayo de 2026
Como parte de los trabajos legislativos para la construcción de la nueva Ley de Agua de Querétaro, se llevó a cabo la tercera mesa de análisis en la modalidad de parlamento abierto. El encuentro, titulado “Costos, tarifas y participación ciudadana”, fue coordinado por las Comisiones Unidas de la Agenda 2030, Desarrollo Urbano, Asuntos Municipales, Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente.
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La mesa estuvo moderada por la Mtra. Diana Olvera Robles, investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), y contó con la intervención de 21 colectivos ambientalistas y de derechos humanos, así como de comitivas indígenas de Santiago Mexquititlán (Amealco) y La Esperanza (Colón). Al evento asistieron diputados locales y federales, así como la alcaldesa de Cadereyta, Astrid Ortega, y el regidor de Querétaro, Fernando Flores.
El primer bloque de debate se centró en los costos del servicio, los límites a los cobros y los esquemas de subsidio. Una de las principales propuestas presentadas por los especialistas y académicos fue establecer por ley el acceso gratuito a por lo menos 10 metros cúbicos de agua para zonas vulnerables, bajo un subsidio del 100% como parte del derecho humano al agua.
También se propuso la implementación de un sistema donde los usuarios que consuman una mayor cantidad del recurso paguen tarifas más altas, además de diferenciar los cobros según las características de cada territorio y reducir el costo de conexión de la red de agua en zonas vulnerables, de manera específica para la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán.
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El segundo eje temático abordó los mecanismos de vigilancia previstos en la ley para garantizar una participación ciudadana efectiva a través del Consejo Ciudadano. Los panelistas plantearon diversas modificaciones para robustecer esta figura, entre ellas, eliminar la sobrerrepresentación de la zona metropolitana de Querétaro e incluir de manera prioritaria a las regiones más afectadas por el desabasto, garantizando la paridad de género y la representación de pueblos indígenas.