Juan Guevara Moreno y Graciela Juárez Montes, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Querétaro ingresaron a Oficialía de Partes, una iniciativa que busca crear un delito específico para el robo a las escuelas.
Los autores de la iniciativa refirieron que el proyecto es para reformar y adicionar diversas disposiciones de la “Ley de Educación del estado de Querétaro” en materia de infraestructura educativa; y adiciona el artículo 183 QUINTUS al “Código Penal del Estado de Querétaro”.
“Con esta reforma se propone penar de 1 a 15 años de prisión, a quienes cometan este tipo de hechos delictivos a las escuelas y establecer multas que van desde los 100 hasta los 750 días multa, así como que dicho tipo penal sea perseguido de oficio dada la afectación no solo material o pecuniaria, sino además la afectación al derecho humano a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de los educandos”, refirió Guevara Moreno.
Detalló que se también se pretende que en la Ley de Educación del estado se establezca de forma clara qué es lo que debe entenderse por infraestructura educativa en los términos que señala la Ley General de Educación, con la finalidad de que en la gestión escolar, no sólo se administren los recursos para mejorar la infraestructura de los espacios escolares, sino que estos se encaminen a adecuar dicha infraestructura educativa bajo una óptica de inclusión, a fin de eliminar obstáculos que impidan el acceso de todas las personas a la educación.
Juárez Montes refirió que con esto se busca inhibir los robos y actos de vandalismo en contra de las escuelas del estado, que se han dado especialmente a partir de la pandemia por COVID-19 y por lo cual se suspendieron actividades presenciales en las escuelas; además de garantizar que todos los centros educativos cuenten con infraestructura inclusiva.
“Cualquier atentado o afectación que sufran las instituciones educativas, va en detrimento del ejercicio del derecho a la educación, así como al libre desarrollo de la personalidad, lo que implica tácitamente que sus consecuencias tienen un impacto directo, tanto en cada educando como en el tejido social mismo”.
Mencionó que el robo y vandalismo de los centros educativos impacta en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 en materia de educación, ya que si los espacios educativos no cuentan con las herramientas mínimas necesarias para ser funcionales y proveer a los educandos de la eficacia necesaria, sobre todo frente al nuevo paradigma educativo que se basa en las tecnologías digitales y de información, seguirá habiendo un rezago en las políticas de materia educativa.
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