Katia Lemus Barajas
Con la intención de regular a empresas fantasma o “patito” que bridan seguridad privada, Guillermo Vega Guerrero, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) del Congreso de Querétaro trabajará en una iniciativa para crear la ley de seguridad privada.
“Parece que con el incremento de la incidencia que hay en materia de delitos en todo el país, en todos los estados ha ido creciendo el negocios de la seguridad privada, nos parece que eso se ha quedado pendiente por lo que vamos trabajar en un ley de seguridad privada”.
Detalló que se cuenta con un padrón de por lo menos 300 empresas que brindan seguridad privada en el estado de Querétaro, sin embargo, hay una cifra negra de otras que operan en la irregularidad, son fantasma o son “patito”.
“Si hay muchos abusos, hay empresas fantasma y patito y a pesar de que hay un registro estatal de este tipo de empresas serias registradas, también tenemos empresas que tienen su registro fiscal en otra entidad y vienen a Querétaro a brindar el servicio, fundamentalmente a fraccionamientos, condominio y tiendas departamentales, por eso es importante que le entremos a la regulación de este tipo de empresas”.
Aclaró que la intención es separar el tema de seguridad privada de la Ley de Seguridad Pública para tener el control absoluto de quienes están prestando el servicio de seguridad privada y qué personas son.
“Hay un avance, pero hace falta mucho y además hay que garantizar que quienes trabajan en las empresas se les respeten sus derechos, que no haya ultraje y que quienes estén prestando el servicio cuenten con la capacidad suficiente. La idea es prohibir que todas las empresas que no están dadas de alta en un padrón estatal no presten el servicio porque entonces estás en riesgo y eso generará un clima de seguridad”.
Refirió que se debe legislar para poder acreditar que los queretanos que tienen la contratación del servicio reciban una prestación de calidad y que el ciudadano que está en la situación de convivir pueda coexistir con estas instituciones de seguridad privada y tenga garantía de que los elementos que están ahí estén capacitados, sean aptos y óptimos.
“Queremos entrar a revisar los derechos laborales porque tenemos denuncias que en muchas agrupaciones de seguridad privada hay una violación flagrante a los derechos de personas que son contratadas para prestar el servicio, estamos hablando de turnos para personas que ya no tiene las capacidades físicas, estoy hablando de adultos mayores que por la necesidad del trabajo los ponen en turnos donde arriesgan su salud”.
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