Debido a la continua discusión en la Cámara de Diputados en relación al Presupuesto 2024, se prevé que se completarán las deliberaciones de las tres mil 93 reservas pendientes y se procederá a la votación del dictamen en su totalidad en las primeras horas del día de mañana.
Después de un receso, los legisladores de la oposición tomaron la tribuna de San Lázaro como parte de su reclamo. Su demanda principal consiste en la inclusión de una partida específica en el presupuesto destinada a la reconstrucción de Acapulco, subrayando la importancia de atender las necesidades de esta ciudad afectada.
Encendidos los ánimos, los diputados pasaron del discurso acalorado a los manotazos, empujones, gritos e insultos en el segundo día de reservas al presupuesto 2024. Tras el escándalo, el pleno entró en un receso.
A la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra Castillo (PRI) se le salió de control la conducción del debate, que incluso le mereció el airado reclamo de su propio coordinador, Rubén Moreira y de sus aliados. “¡No sea facciosa!”, le reprochó Luis Espinosa Cházaro (PRD) y en contraste Morena le celebró: “¡Presidenta, presidenta!”.
Priístas, panistas y perredistas, le reclamaron no aceptar la apertura del tablero para votar una reserva que buscaba etiquetar fondos para la reconstrucción de Guerrero.
La diputada priista Melissa Vargas expresó que no se había asignado ni un solo peso en el presupuesto de 2024 para la reconstrucción de Acapulco; colegas, demostrando la falta de conciencia y “no tener amor por México, eso es no tener madres”.
La mayoría parlamentaria de Morena sugiere realizar al menos dos ajustes al proyecto de Presupuesto para el año 2024. Estas modificaciones tienen como objetivo asignar los excedentes de fondos no utilizados, ahorros y recursos subejercidos a un programa de contingencia y reconstrucción destinado a ayudar a las áreas afectadas por el huracán.
Asimismo, se plantea la posibilidad de restablecer una asignación de entre 260 y 500 millones de pesos que previamente se había recortado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual había sufrido un recorte inicial de más de 700 millones de pesos.
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