Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), destacó la necesidad e importancia de que la Cámara de Diputados abra el diálogo con el sector académico a fin de escuchar sus opiniones respecto a la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (HCTI), presentada por el Ejecutivo Federal.
Comentó que dicha propuesta no responde a las necesidades que tiene el país con respecto a estos rubros, esto, pese a los foros y encuentros que se han realizado con universidades públicas y privadas, investigadoras e investigadores para recabar su sentir en el tema.
“Esta iniciativa del Ejecutivo Federal ingresó el 13 de diciembre del año pasado a la Cámara de Diputados, a partir de entonces se han generado comunicados, pronunciamientos y voces del sector académico en donde se específica que no se incluyen las observaciones y opiniones del sector de investigación de nuestro país. Por ejemplo, quienes llevan la labor de conocimiento y de investigar somos las universidades principalmente y los centros de investigación”.
Recordó que desde el 2019 se han presentado cuatro iniciativas en este sentido, mismas que no han llegado a buen término debido a la falta de consenso.
“Se ha tenido una resistencia, porque en el ámbito de la academia lo que se quiere es contar con la mejor Ley posible para Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación que permita a México desarrollarse, crecer y avanzar. Haciendo un análisis general de esta iniciativa, podemos comentar algunos de los puntos que preocupan y que son materia para solicitar a la Cámara de Diputados que se abra el diálogo y se permita escuchar las voces y trabajar sobre la propuesta en todos los sentidos”.
Mencionó que los principios rectores que debe tener la Ley General son: inclusión, pluralidad, no discriminación, igualdad de género, libertad de investigación, imparcialidad, paridad, participación, federalismo, responsabilidad presupuestal y democracia.
Agregó que la iniciativa presentada no contempla instrumentos de apoyo a la investigación; no incorpora en sus prioridades a la ciencia básica de frontera; mantiene una alta centralización del sistema; no aborda de forma consistente los principios que deberían estar basados en los derechos consagrados en la Constitución; elimina drásticamente la autonomía de los centros públicos de investigación y los convierte en organismos al servicio del gobierno; no especifica el monto del financiamiento que el Estado deberá asignar a las actividades de ciencia y tecnología; no incluye de manera igualitaria a todas las instituciones en donde se produce conocimiento científico y tecnológico; es ambigua respecto a los derechos de propiedad intelectual; y no respeta cabalmente los derechos de las y los inventores y creadores.
“Es importante que se abra un diálogo plural y participativo con la Cámara de Diputados y, posteriormente, con la de Senadores. No se trata de ir en contra de una iniciativa solo por hacerlo, sino de mejorar la situación de humanidades, ciencia, tecnología e innovación para nuestro país”.
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