Katia Lemus Barajas
Al menos uno de cada dos empresarios de Querétaro han sido víctimas del delito de extorsión telefónica, siendo la mayoría de ellas con historias falsas, cifras que se dieron a conocer en la actualización de la herramienta denominada “Monitor de Seguridad” que actualiza cada mes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
De acuerdo con las cifras correspondiente a abril del año en curso, se destacó que, durante los últimos 53 meses de esta administración federal, se han contabilizado más de 41 mil 873 carpetas de investigación por extorsión, lo que representa un aumento del 48 por ciento en comparación con el mismo periodo del sexenio anterior.
Estas cifras reflejan una tendencia alarmante y demuestran que las acciones implementadas hasta ahora no han sido suficientes para contener este delito.
Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI, la cifra negra durante el año 2021 fue alarmante, alcanzando un 96.1 por ciento. Esto significa que la gran mayoría de los delitos de extorsión cometidos no son denunciados ni investigados, lo que genera un clima de impunidad y perpetúa el problema.
Si consideramos que solamente las 41 mil 873 carpetas de investigación representan el 3.9 por ciento de los delitos de extorsión, quiere decir que en el país tenemos más de un millón de casos.
Además, de las consecuencias directas para las víctimas, la extorsión también tiene un impacto económico significativo. Según la ENVE, se estima que el costo de todos los delitos en el año 2021 ascendió a 120.2 mil millones de pesos lo que representa un obstáculo para el crecimiento y desarrollo del sector empresarial en México.
En Querétaro, el tipo de extorsión que se da es la telefónica que en su mayoría de las llamadas salen de cárceles del Estado de México y Jalisco, que se han convertido en grandes negocios pues a decir de la encuesta en seguridad de Coparmex.
“En Coparmex hemos impulsado dos programas para coadyuvar en la denuncia y prevención del delito: la creación de los Centros de Integración Ciudadana (CIC), que permiten a los ciudadanos reportar de manera inmediata cualquier incidente relacionado con la seguridad, y el proyecto LAICA, que es una línea de atención directa para denunciar el robo de transporte de carga y mercancías a la Guardia Nacional”.
El organismo empresarial consideró que es necesario implementar medidas más efectivas para prevenir este delito, fortalecer las capacidades de investigación y persecución de los responsables, así como fomentar la cultura de denuncia entre las víctimas.
“Es fundamental mejorar la coordinación entre las distintas instancias de seguridad y justicia para garantizar resultados tangibles en la lucha contra la extorsión”.
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