El gobierno de Sinaloa detectó que jornaleros de la sindicatura de Juan José Ríos, muchos de ellos provenientes de otras entidades, como Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, viven en condiciones insalubres en diversos predios.
Carecen de vivienda digna, de agua, de una buena alimentación y los niños no acuden a la escuela o bien se les ha encontrado en situaciones de abandono, según ha reportado la Secretaría de Salud estatal. Son cerca de 800 personas, de las cuales 280 son menores. De ellas, ocho han muerto por problemas respiratorios y desnutrición.
Los jornaleros y sus familias viven hacinados en las cuarterías, viviendas hechas con láminas, madera o ladrillo, donde decenas de personas comparten un baño, por las que deben pagar más de mil pesos al mes.
Como jornaleros ganan entre 500 y 800 pesos diarios en el campo sinaloense. La explotación no se está dando en las empresas agrícolas, aseguró María Inés Pérez Corral, secretaria del Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) en Sinaloa, quien señala que el verdadero problema es la falta de viviendas dignas para los trabajadores temporales que se emplean por día.
El presidente de Profesionistas Indígenas del Noroeste sostuvo que nadie actúa para regularizar el negocio de las cuarterías, cuando es algo que le convendría al municipio y a los tres órdenes de gobierno. Manifestó que como asociación civil lo han venido denunciando desde hace años en zonas como Villa Juárez, con alta presencia de comunidades indígenas.
Las cuarterías carecen de salidas de emergencia. Una cuartería con 15 o 20 cuartos tiene un solo baño para todos, los tanques de gas están pegados al sitio donde duermen y no hay control de las personas que viven en los cuartos ni de dónde vienen, reprochó López.
En tanto, Miguel Calderón, visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, prometió “revisar la actuación de las autoridades y una vez integrado el expediente, emitir la recomendación si así fuese conducente”.
Ante lo sucedido en Guasave, el Congreso local anunció que presentará al Congreso de la Unión una iniciativa que contemple una revisión de las condiciones salariales y prestaciones para los jornaleros agrícolas, ante la evasión que hacen los patrones del cumplimiento del artículo 123 constitucional.
Fuente: La Jornada
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