El escenario actual obliga a redimensionar la importancia de los organismos garantes, pues quienes apuestan por la impunidad y el debilitamiento del Estado ponen en riesgo la pertinencia de velar por los derechos humanos, aseguró Javier Rascado Pérez, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), en la entrega del Informe de Actividades 2023 ante el Pleno de la Legislatura Local.
En su informe, el ombudsperson recordó que durante 2023 destacó que las áreas encargadas de la atención a las personas que se acercan a esta defensoría ante la posible violación de sus derechos humanos, realizaron 5 mil 693 acciones de protección y defensa, recibieron un total de 333 quejas y llevaron a cabo 9 mil 453 actuaciones jurídicas dentro de las investigaciones para generar 417 resoluciones de queja.
Enfatizó las 119 conciliaciones que se generaron con la mediación de la Defensoría de los Derechos Humanos, entre posibles víctimas de violación a sus derechos humanos y autoridades presuntamente responsables, una facultad pocas veces destacada que tienen los organismos garantes para resolver de manera satisfactoria, con los deseos y anhelos de las personas por delante, los conflictos con las autoridades.
“Desde esta, la máxima tribuna del estado, quiero hacer un llamado a todas las autoridades estatales y municipales a mantener una postura de diálogo, con autocrítica y ánimo constructivo, para escuchar y entender las aspiraciones de las personas que se acercan a esta Defensoría y mostrar apertura ante sus anhelos, pues el principio propersona marca la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, de actuar con la protección más amplia y favorable para las personas. La conciliación es una muestra de que no necesariamente se requieren sanciones para el cumplimiento de las obligaciones del Estado”.
Además, dijo, se atendieron 45 mil 189 personas capacitadas durante el año que se informa, 20 mil 653 forman parte de instituciones de educación en la entidad; en su inmensa mayoría infancias y adolescencias. En cuanto a las personas servidoras públicas capacitadas en el año informado, el número asciende a 4 mil 819.
En tribuna, reconoció que se requiere fortalecer institucionalmente a los órganos garantes para ahondar en la comprensión de la urgencia de adoptar los derechos como referencia universal de la convivencia social, y de la relación entre las autoridades y las personas.
“La discusión no debe orientarse en torno a la necesidad de su existencia. Nadie que apueste por el Estado Constitucional de Derecho, puede pretender que dejen de existir instituciones orientadas a construir una cultura de respeto a los derechos humanos y vigilar la actuación de las autoridades, sino que debemos enfocarnos en su fortalecimiento para ampliar y profundizar sus efectos en la sociedad”.
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