FGR entregó al piloto del Mayo sin siquiera preguntarle

Sobrinos, aquí les va lo que tienen que saber para no andar como que no saben.

Y el tema sigue escalando hacia el surrealismo puro, ese donde la realidad mexicana termina superando a la ficción más febril de Netflix. Ayer nos preguntábamos cómo era posible que el piloto de Ismael “El Mayo” Zambada hubiera terminado en manos gringas, y la respuesta de la Fiscalía General de la República nos deja la mandíbula en el suelo, aunque no por donde ustedes creen. La versión oficial es esta: Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, fue detenido en febrero de 2025 en Culiacán, dio un nombre falso, y en agosto de ese año lo enviaron a Estados Unidos en un lote de veintiséis criminales de alta peligrosidad. Hasta junio de 2026 —diez meses después de regalarlo— la fiscal Ernestina Godoy y su equipo se toparon en sus propias carpetas con las coincidencias de voz y huellas que lo señalan como el hombre que voló al Mayo a Nuevo México el 25 de julio de 2024. Y aquí está el detalle que la FGR admite y que nadie quiere subrayar: nunca lo interrogaron sobre el secuestro y el traslado del Mayo antes de expulsarlo del país. No lo identificaron mal, sobrinos: ni siquiera le preguntaron. Su tío sospecha que en la FGR no falta capacidad; lo que sobra es una desidia muy conveniente frente a quien podría saber exactamente qué funcionarios estaban en la nómina de Sinaloa.

Pero hay un detalle que no están contando: ese expediente se cruza con las declaraciones gélidas de Terry Cole, el director de la DEA, quien en la cumbre antifentanilo de Orlando dejó de gastar diplomacia de seda y soltó que existe una “conexión mortal” entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano, porque “son uno y lo mismo”. Conste que lo dijo sin poner una sola prueba sobre la mesa, y que Palacio respondió como suele: la presidenta Sheinbaum tachó los dichos de “muy desafortunados, sin sustento y sin fundamento”, y el Gabinete de Seguridad sacó la cifra de que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 48% desde septiembre de 2024. El problema del dardo no es su puntería, sino el momento en que cae: justo cuando la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se enreda en las grabaciones que difundió Héctor de Mauleón, donde una voz que ella no desconoce pregunta si la quieren llevar de extradición y ofrece hablar “de todo lo que yo pueda saber”, incluso de lo que escucha en las mesas de seguridad. La gobernadora responde que son fragmentos de una charla privada con gente que jamás acreditó ser agente de nada, y que la cooperación de la que habla es la coordinación fronteriza de siempre. Puede ser. Pero su tío se queda con la estampa: es la soberanía del “sálvese quien pueda”, donde los secretos de Estado suenan a moneda de cambio por una visa y una tranquilidad en Miami.

Eso no es percepción, es dato: mientras la política nacional se deshace en este lodazal de audios y entregas mal hechas, en nuestra tierra seguimos tratando de ser el adulto en la sala, aunque el chasis federal nos esté tirando el motor. Ayer, el alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, llevó a las bancadas del PAN en el Senado y en San Lázaro la llamada “Ley Chepe”: que los adolescentes de 15 a 17 años que cometan homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro respondan con sanciones equiparables a las de un adulto. Ojo, sobrinos, que aún no es iniciativa formalmente ingresada, sino una propuesta tocando puertas —y que trae debate serio encima, empezando por el posicionamiento de la Defensoría de Derechos Humanos del estado. Su tío no la compra ni la vende de entrada: la discusión es legítima justo porque vivimos en un país donde la impunidad se fabrica a la medida. Ahí está Víctor Rodríguez Padilla, el exdirector de Pemex, que esta semana salió del penal de Atlacholoaya y seguirá en libertad su proceso por violencia familiar. Que quede claro, porque el matiz importa: la jueza le levantó la prisión preventiva porque la defensa acreditó domicilio con escritura pública y porque la esposa otorgó el perdón, y el propio abogado aclaró que no hay declaratoria de inocencia ni de culpabilidad. Salió con firma mensual, pasaporte entregado y prohibido acercarse a las víctimas. No es absolución. Pero cualquiera con memoria notará lo rápido que se acomodan las escrituras cuando el imputado trae currículum de élite.

Y hay algo que debería quitarle el sueño a cualquier industrial del Bajío más que todo lo anterior junto. En el informe bienal que la USTR mandó al Congreso estadounidense el 1 de julio, el contenido de valor agregado gringo en el equipo de transporte que México le exporta cayó de 23.1% en 2017 a 18.3% en 2024. El chino, en el mismo periodo, subió de 4.5% a 7.1%. Seamos honestos con el dato completo, que no todo es catástrofe: el contenido mexicano también creció, de 50.9% a 57.2%. Pero en Washington leen otra película. Peter Navarro ya acusó esta semana que el ensamblaje en México se volvió un “trampolín” por donde los componentes chinos se cuelan al mercado estadounidense, y la USTR presiona por una regla de origen del 82% regional con un mínimo de contenido estadounidense. Traduzcan: caminamos sobre hielo delgado en la revisión del T-MEC, y quien paga la caída no es el que grita soberanía en el micrófono, sino la armadora de Querétaro. No basta con que el gobernador Mauricio Kuri amarre inversiones con la CFE para que no se nos vaya la luz; necesitamos que la Federación entienda que la pinza comercial se cierra por nuestra incapacidad de controlar el huachicol —que según los reportes desaparece unos 138 mil barriles diarios de Pemex— y un contrabando al que distintas investigaciones periodísticas atribuyen blindaje desde la propia Secretaría de Marina.

Y aquí viene lo incómodo: mientras nos distraen con anuncios de penas de 70 años para feminicidas —que lucen bien en el papel y poco sirven en un país donde no se integra ni una carpeta decente—, el Tribunal de Disciplina Judicial ya empezó a mover el bisturí contra los jueces que no se alinean. Demolemos la independencia judicial al mismo tiempo que la economía se estanca y el Mundial nos deja una resaca amarga: el CNET calcula apenas 850 mil turistas frente a los 5.5 millones que nos prometieron, y de esos, apenas unos 175 mil llegaron de fuera por el torneo. Normal: nos tocaron 13 de 79 partidos. No fuimos sede, sobrinos, fuimos subsede. Y la fiesta la pagamos completa.

¿De qué nos sirve mandar leyes valientes desde Querétaro, sobrinos, si el sistema nacional ni siquiera le pregunta al testigo clave antes de regalarlo, y sus gobernadoras negocian en audio lo que oyen en las mesas de seguridad?

La soberanía no se defiende con gritos: se defiende con instituciones que no se “equivoquen” con el hombre que tenía las llaves de la verdad. Y así las cosas, sobrinos.