Por Tío Santiago | La Opinión de Santiago | 2 de junio de 2026

Hay días, sobrinos, en que el poder no se mueve con estruendo de tambores, sino con la discreción de una edición vespertina. Este martes, ya con el sol de salida, el Diario Oficial de la Federación publicó tres decretos que entran en vigor hoy mismo. Tres. El mismo día. Aprobados a marchas forzadas en un periodo extraordinario y avalados por 25 congresos locales que —recuerden el manual— solo pueden ratificar, jamás enmendar.

Su tío no viene a venderles el fin de la república ni a aplaudir la enésima “defensa de la patria”. Viene, como siempre, con los datos por delante y las hipótesis marcadas como lo que son. Porque lo interesante de estos tres decretos no es ninguno por separado: es que se publicaron el mismo día y apuntan, los tres, al mismo lugar. Vamos por partes.

El titular fácil dice “reforma a la reforma judicial”. El dato que importa es más concreto: la segunda etapa de la elección de jueces y magistrados, prevista para 2027, se recorrió al primer domingo de junio de 2028. ¿La razón oficial? Prepararla mejor. ¿El efecto práctico? Que esa elección ahora coincida con los comicios en que se renueva la Cámara de Diputados y se disputan diecisiete gubernaturas. Júzguenlo ustedes.

Adentro del decreto hay un párrafo que el escándalo de redes pasó por alto y que su tío subraya con plumón: se incluyó una reserva que permite a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que hoy están en funciones volver a competir en 2028 y permanecer hasta diecisiete años en el cargo. Traducción para la sobremesa: los mismos que calificarán las elecciones pueden quedarse casi dos sexenios. A eso, en este pueblo, le decimos gatopardismo: que todo cambie para que nada cambie.

Lo demás —la famosa Comisión Coordinadora— es menos dramático de lo que se dijo: la integran los titulares de los tres comités de evaluación (uno por cada Poder, de cinco personas cada uno) y su tarea es homologar exámenes y criterios. No es un tribunal de tres que decide a dedo, como circuló. Pero sí concentra y uniforma quién filtra. Detalle no menor: votaron en contra de la prisa hasta dentro de casa. Las morenistas Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar se abstuvieron. Cuando el termómetro marca fiebre en la propia cocina, conviene anotarlo.

Aquí es donde su tío les pide concentración, porque es donde más se exagera de los dos lados. Se reformó el artículo 41 para crear una nueva causal de nulidad: una elección podrá anularse si se acreditan “actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados”. ¿Qué es una injerencia? ¿Un reportaje? ¿Un comunicado de la ONU? ¿Un tuit desde Texas? El decreto no lo dice. Y no por descuido.

Pero ojo con el dato que casi nadie está contando: el propio Ricardo Monreal retiró la ley secundaria, la que debía definir qué cuenta como injerencia, cómo se prueba y bajo qué procedimiento. Sin esa ley, y por la regla del artículo 105 —que exige tener publicadas las leyes electorales noventa días antes del proceso—, la causal no es aplicable en 2027. Habría que esperar hasta 2030. El propio promovente lo reconoció.

¿Significa que es inofensiva? No, y aquí su tío no es neutral. Una figura tan vaga, escrita en la Constitución y dejada deliberadamente sin definir, no necesita aplicarse para servir: sirve como relato y como amenaza. Y por si faltara el detalle fino: quien interpretaría cuándo hay “injerencia” sería el Tribunal Electoral… los mismos magistrados de la primera llave, los que ahora pueden reelegirse. Las dos llaves abren la misma puerta.

El tercer decreto crea, dentro del INE, una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para detectar a los “narcocandidatos”. Y aquí su tío vuelve a pedir honestidad con los datos, porque circuló más miedo del que el papel aguanta. Tres precisiones: la comisión quedó en tres consejeros, no cinco; no puede cancelar ni bloquear candidaturas —solo emite alertas, la decisión de registrar sigue en los partidos—; y es voluntaria. Cruzará información con la Fiscalía, el Centro Nacional de Inteligencia, la UIF y la Comisión Bancaria.

Dicho lo que sí es, vamos a lo que incomoda. El problema de fondo lo señaló hasta gente de Morena: el INE no investiga delitos. Para eso existen la Fiscalía, las fiscalías estatales, la inteligencia financiera, las policías. Órganos que, casualmente, lleva siete años construyendo a su medida el propio oficialismo. Crear una comisión-alerta en el árbitro electoral, mientras el aparato que sí tiene los dientes responde a Palacio, se parece menos a combatir la narcopolítica y más a tener a quién culpar cuando no se combata. El detonante de todo esto, no lo olviden, tiene nombres: el caso Rocha Moya en Sinaloa y los señalamientos de Washington.

Porque comparten un patrón. Las tres llaves mueven la decisión final hacia órganos que el oficialismo ya controla o influye —el Tribunal Electoral, los comités, el INE como ventanilla— y dejan los criterios deliberadamente borrosos. Discrecionalidad arriba, vaguedad abajo.

Y ahora la parte en que su tío se muerde la lengua para ser justo: los tres problemas que dicen atacar son reales. El narcotráfico sí se metió en las candidaturas —Rocha Moya no lo inventó la oposición—. El Poder Judicial mexicano sí estaba para una reforma. Y la presión de Estados Unidos sobre la soberanía mexicana es real y documentada, desde los señalamientos a funcionarios hasta agentes operando donde no debían. El diagnóstico, en buena medida, es correcto. El problema es la receta: se eligieron remedios que, además de curar, sirven para otra cosa. Y cuando una medicina sirve para dos cosas, conviene preguntar cuál de las dos era la urgente.

•Los tres decretos se publicaron el 2 de junio y entran en vigor el 3.

•La elección judicial se recorrió de 2027 a junio de 2028.

•Magistrados del Tribunal Electoral en funciones pueden reelegirse hasta 17 años.

•La causal de “injerencia extranjera” no es aplicable en 2027 (falta su ley secundaria; tope del artículo 105).

•La comisión del INE es voluntaria y no puede bloquear candidaturas.

•Que la causal de injerencia se use para anular triunfos opositores: hoy jurídicamente no puede; sí funciona como relato.

•Que la comisión del INE opere de forma selectiva: dependerá de cómo se implemente.

Su tío no les pide indignarse a la velocidad de un tuit. Les pide leer los tres decretos como lo que son: tres llaves forjadas el mismo día. Que cada quien decida si abren una cerradura contra el crimen y la injerencia, o una contra la incomodidad de perder. Mientras tanto, anoten la fecha. La historia, sobrinos, casi siempre se publica en edición vespertina.

— Tío Santiago