Detienen a Ruffo por huachicol: ¿justicia o cortina?

Sobrinos, aquí les va lo que tienen que saber para no andar como que no saben.

Como decíamos ayer, el surrealismo de nuestra justicia no tiene fondo, y hoy amaneció con nombre y apellido. Ernesto Ruffo Appel, aquel primer gobernador de oposición en la historia de México, fue detenido ayer en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La FGR lo acusa de delincuencia organizada y contrabando: sería, presuntamente, el accionista mayoritario de Ingemar, la empresa que él mismo fundó y a la que se atribuye una operación de huachicol fiscal ligada al megadecomiso de 15 millones de litros de hidrocarburo de julio del año pasado, con la aduana de Matamoros como puerta de entrada. La Fiscalía ya trae 25 órdenes de aprehensión contra la red, y Ruffo comparecerá ante juez federal en Almoloya. Conste, sobrinos, que él lleva desde septiembre negándolo: reconoció su vínculo con la empresa, le echó la bolita a la aduana y dijo que su nombre salió por un filtrado. Y conste también que aún no hay sentencia, sino carpeta.

El discurso dice una cosa, la realidad otra. Desde la mañanera de Tulum, la presidenta Sheinbaum negó que la detención traiga tintes políticos y sostiene que se actúa sin importar el partido. La oposición gritó lo contrario: cortina de humo del tamaño de una refinería. Su tío no reparte culpas que no le tocan, pero sí sabe leer un calendario. Y el calendario dice esto: Ruffo no es solo un panista con historia, es un opositor en activo que este mismo año se sumó al Consejo Consultivo del nuevo partido Somos México. Dice también que la liebre judicial corrió con velocidad olímpica para alcanzarlo, mientras se vuelve tortuga reumática cuando toca preguntar quién firmó del otro lado del mostrador aduanal para que pasaran los carros tanque. Y dice, sobre todo, una cosa que da risa amarga: la investigación sobre Ingemar salió a la luz cuando la propia gobernadora de Baja California, preguntada por las órdenes de aprehensión por huachicol, soltó que el caso involucraba a “un ex gobernador del PAN”. Marina del Pilar destapó la olla en la que hoy hierve Ruffo. Y hoy es ella la que se está quemando.

Porque la gobernadora sigue nerviosa, y con razón. Al primer audio de junio y al segundo del 13 de julio —donde una voz que ella no desconoce pregunta si la quieren llevar de extradición y se ofrece a hablar de lo que escucha en las mesas de seguridad— se le sumó ahora uno nuevo, en el que aparece una posible reunión en Panamá, el próximo agosto, con personal del FBI. Ella insiste en que son fragmentos de charlas privadas con gente que jamás acreditó representar a nadie, y que la cooperación de la que habla es la coordinación fronteriza de siempre. Puede ser. Pero la respuesta de Palacio fue de una frialdad quirúrgica: “No me he comunicado con ella, no nos hemos comunicado”, dijo la presidenta, y remató con que la gobernadora “tiene que dar una explicación de este tema”. Su tío traduce del palaciego al español: en el oficialismo ya empezaron a soltarle la mano a quienes se formaron por su cuenta en el confesionario de Washington.

Y aquí es donde la historia cambia para nosotros en Querétaro. Mientras el país se entretiene con este juego de vencidas entre exgobernadores y sopos de exportación, nuestro estado reportó un déficit comercial de 854 millones de dólares en el primer bimestre. Ese es el precio de ser potencia manufacturera en un país que no garantiza ni la energía ni la seguridad en las rutas: la mercancía sale, el margen se queda en el flete y en el seguro. Por eso el gobernador Mauricio Kuri acaba de presentar un frente conjunto de Sinergia con la Fiscalía local. Querétaro está tratando de levantar una muralla institucional a mano, ladrillo por ladrillo, mientras a nivel nacional la justicia se usa como mazo para unos y como paraguas para otros. Ahí está el caso de la UAEH, donde según reportó Plétora Hidalgo el exrector Adolfo Pontigo obtuvo una no vinculación por el peculado de 5.9 millones de pesos, bajo el argumento de que los recursos habrían dejado de ser federales en cuanto cambiaron de cuenta. Cinco punto nueve millones que se volvieron invisibles al cruzar una transferencia. Y luego nos preguntan por qué nadie invierte confianza en el sistema.

Y mientras nos juran que la soberanía consiste en no dejar entrar al FBI, ayer en Navolato el Ejército y la Marina montaron un operativo completo —al menos dos helicópteros Black Hawk artillados, blindados Ocelotl, las fuerzas especiales que llaman “Murciélagos”— para simular el rescate de una persona. No era un rescate. Era, presuntamente, la filmación de un documental de Epigmenio Ibarra. El municipio se paralizó de miedo dos horas creyendo que había enfrentamiento, porque Navolato lleva desde septiembre de 2024 aprendiendo a distinguir el sonido de un helicóptero del sonido de una ráfaga. Y aquí viene el detalle que su tío no puede sacarse de la cabeza: mientras en Navolato se simulaba el rescate para la cámara, en el norte de Culiacán un hombre era herido a balazos de verdad. El problema no es el gasto, sobrinos. Es la desfachatez de convertir el patrimonio nacional en equipo de producción mientras la bala de al lado sí lleva plomo.

¿De qué nos sirve en Querétaro construir la muralla, sobrinos, si el sistema de justicia nacional detiene a un exgobernador opositor el mismo día en que otra gobernadora, la de su propio partido, tiene que explicar por qué quiere verse con el FBI en Panamá?

La justicia que llega puntual a la conferencia de prensa y tarde al expediente no es justicia: es programación. Y así las cosas, sobrinos.