Examen UNAM hackeado y gobernadores en el confesionario FBI

Sobrinos, aquí les va lo que tienen que saber para no andar como que no saben.

Su tío se los advirtió desde el miércoles, cuando esto era apenas un rumor de “anomalías”: el examen de la UNAM olía a filtración. Hoy ya es escándalo nacional con denuncia penal. Nuestra máxima casa de estudios le pagó 41.8 millones de pesos a una plataforma que iba a blindar su examen de admisión —hay versiones que elevan la factura total del software a más de cien millones—, solo para que una red de vivales la vulnerara cobrando paquetes desde 200 pesos y hasta 4 mil por suplantar aspirantes. Las armas del crimen: ChatGPT y camaritas de 360 grados. Es fascinante: un blindaje “de inteligencia artificial” derrotado por el equivalente a un par de cenas en un restaurante de mediana categoría. La Universidad ya canceló más de 3 mil exámenes y suspendió las inscripciones, dejando en el limbo a miles de aspirantes que sí estudiaron, mientras los hackers de ocasión se ríen de la ciberseguridad académica.

En la mañanera de hoy nos recetaron la “autodeterminación de los pueblos” para no criticar a Daniel Ortega, que de plano ya anunció que en Nicaragua no habrá más elecciones. “Lo que decida el pueblo”, dijo la Presidenta, sin precisar cómo decide un pueblo al que le acaban de cancelar las urnas. Pero mientras en Palacio se defiende la soberanía ajena, los expedientes que cruzan la frontera cuentan una historia muy distinta de la soberanía propia: Héctor de Mauleón revela hoy que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, no habría sido víctima de ningún montaje, sino que presuntamente contrató a un exagente del FBI —Juan Sandoval, consultor de San Diego con tarifas de unos 300 mil dólares— para intentar frenar las investigaciones en su contra y recuperar su visa. Su tío sospecha que el “humanismo” tiene un pie en el confesionario de Washington y el otro en la retórica nacionalista.

Pero hay un detalle que no están contando. En Sinaloa el poder se volvió fantasma por partida doble: el senador Enrique Inzunza —exsecretario de gobierno de Rocha Moya— lleva más de dos meses y medio sin pisar el Senado, aunque la dieta le llega puntualita, con el PAN acusando “cinismo” en tribuna. Y su exjefe, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, suma más de 70 días sin aparecer en público ni mostrar pruebas de su paradero, desde que Estados Unidos puso la lupa sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén y la captura de “El Mayo”. La bancada panista ya exige su detención, juicio político y extradición. Es curioso cómo el poder se vuelve invisible cuando el ruido de los expedientes gringos suena más fuerte que los aplausos en los mítines.

Y aquí es donde la historia toca nuestra tierra queretana, con su ironía incluida. El Congreso local acaba de avalar —14 votos contra 9— la reforma a la Constitución federal que crea una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera: financiamiento indebido, ciberataques, campañas de desinformación o presiones diplomáticas. Suena a muralla patriótica, pero fíjense en el calendario: el oficialismo blinda las urnas contra la “injerencia extranjera” justo cuando la injerencia que le quita el sueño no viene en forma de votos, sino de expedientes judiciales en cortes de Nueva York. Movimiento Ciudadano votó en contra advirtiendo lo obvio: un candado tan elástico también puede servir para anular la derrota que no les guste.

Y ojo con esto: mientras nos abrazamos —con toda justicia— al podio histórico de Isaac del Toro, primer mexicano en el cajón del Tour de Francia, tercero de la general y maillot blanco de mejor joven, Pemex decidió sellar los hallazgos de sus auditorías internas por tres años. El acuerdo lo tomó su Comité de Transparencia días antes de que se fuera el director Rodríguez Padilla —el mismo que salió por la puerta de atrás tras el video donde golpea a su esposa—, con el argumento de que esa información es “estratégica y comercial”. Su tío sospecha que lo estratégico no es la infraestructura, sino los nombres que aparecen en esos reportes de pérdidas y paros de planta.

Y lo incómodo es esto: si un blindaje millonario no pudo proteger un examen de admisión frente a una trampa de 4 mil pesos, ¿qué nos hace pensar que el Estado puede proteger la seguridad nacional frente a los intereses que ya tienen a los gobiernos de Sinaloa y Baja California en la sala de espera de la justicia gringa?

¿Ustedes creen, sobrinos, que la “autodeterminación” es un principio de fe, o simplemente el nombre que le dan al pánico de que alguien de afuera venga a contar lo que aquí se guarda bajo llave… y bajo reserva de tres años?

El podio de un ciclista en París es real; la soberanía de quienes negocian con el FBI en lo oscurito es pura etapa de montaña… y sin frenos.

Y así las cosas, sobrinos.